En esa época, la denominación de una norma jurídica como ley o decreto era una cuestión puramente nominal, pues todas eran dictadas por Franco en virtud de las casi ilimitadas atribuciones que le había conferido el Decreto 138 de la Junta de Defensa Nacional al transferirle «todos los poderes del nuevo Estado». Por supuesto, no existía ninguna cámara legislativa.